En los últimos días, Ixtapaluca ha sido escenario de protestas estudiantiles organizadas por el Movimiento Antorchista Nacional, conocido como Antorcha Campesina. Aunque las manifestaciones han sido justificadas como una exigencia legítima de mejoras para estudiantes, diversas voces señalan que en realidad forman parte de una estrategia política para presionar al gobierno local.
Antorcha Campesina es una organización estrechamente ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha sido señalada por utilizar la movilización social como un mecanismo de negociación y presión. En el Estado de México, su influencia ha sido particularmente fuerte en municipios como Chimalhuacán e Ixtapaluca, donde ha operado con estructuras políticas propias, obteniendo beneficios y posiciones de poder durante gobiernos priistas.
Con la llegada de un nuevo gobierno municipal que no responde a sus intereses, Antorcha parece haber recurrido a su estrategia habitual: las protestas como herramienta de presión. La organización ha sido acusada de condicionar apoyos sociales y de movilizar a sus bases no solo por demandas legítimas, sino también como una forma de chantaje político.
En las pasadas elecciones, se reportaron incidentes relacionados con Antorcha Campesina en Ixtapaluca, incluyendo intimidaciones y agresiones durante la jornada electoral. Ahora, con las recientes protestas estudiantiles, crecen las sospechas de que el movimiento busca desestabilizar al gobierno en turno para recuperar su influencia.
Si bien es cierto que los estudiantes tienen derecho a manifestarse y exigir mejores condiciones, es importante que estas protestas sean auténticamente en beneficio de la comunidad y no solo una estrategia política disfrazada de lucha social. La ciudadanía exige transparencia y que no se repitan las viejas prácticas de presión y manipulación que han caracterizado a grupos como Antorcha Campesina.

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